NOTA DE PRENSA 013-2024

Martes19 de marzo de 2024

En un contexto mundial donde la desigualdad económica y social sigue siendo un desafío persistente, el informe más reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, presentado por Isabel Albaladejo, señala de forma crítica la confluencia entre los derechos humanos y la justicia tributaria. Durante la presentación del Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos, Albaladejo enfatizó en la importancia de la Ley de Justicia Tributaria, subrayando que ninguna sociedad puede realmente garantizar los derechos humanos si mantiene intactos los privilegios de una minoría económica a costa de la mayoría más desposeída.

El informe presentado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos incluye 26 recomendaciones de política para garantizar la justicia y equidad a la población y en la última indica que: "La garantía de los derechos humanos no puede avanzar mientras se mantengan los beneficios de una élite económica a costa de los derechos de la mayor parte de su población. Por ello, es necesario introducir reformas en el sistema fiscal tributario para que sea justo, progresivo y orientado a reducir las desigualdades" puntualizó la recomendación 26 de dicho informe. Esta declaración reafirma que la Ley de Justicia Tributaria surge como una medida esencial para abordar estas desigualdades y promover un desarrollo más inclusivo, así como destaca la búsqueda de la equidad y la justicia tributaria emprendida por la Presidenta Xiomara Castro a través de esta propuesta de ley.

En este mismo sentido, Albaladejo criticó las prácticas de evasión fiscal por parte de empresas multinacionales y personas millonarias, las cuales, mediante el traslado de sus beneficios e información financiera a países de baja o nula tributación, socavan la capacidad de los países para movilizar ingresos destinados a la realización de los derechos humanos: "Cuando estas prácticas ocurren, se debilita la capacidad de los estados para financiar políticas y programas que garanticen los derechos humanos de todos", explicó.

El informe de OACNUDH pone en evidencia que la Ley de Justicia Tributaria no es solo un asunto de política económica, sino una exigencia determinante para la garantía de los derechos humanos en el país, y que además “no es algo disruptivo con lo que está pasando en el mundo” como ya lo ha expresado en reiteradas ocasiones el Ministro del Servicio de Administración de Rentas, Christian Duarte, sino que sirve para busca orientar el sistema tributario hacia la justicia para garantizar los derechos de todos, especialmente de la población más vulnerable.

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