NOTA DE PRENSA RRPP 016-2023

Viernes 28 de abril, 2023

"Existió consenso entre el COHEP y el Gobierno pasado para permitir mecanismos de evasión", Marlon Ochoa, Director del SAR 

Durante los 12 años de gobiernos nacionalistas la política fiscal en Honduras se caracterizó por ser regresiva, afectando a las personas más pobres con la creación de 14 impuestos gravando aún más a la población en condiciones de pobreza. En cambio, el otorgamiento de privilegios fiscales se incrementó notablemente mediante la ampliación en la duración de exoneraciones y la creación de nuevos regímenes fiscales. Su resultado ha sido una mayor inequidad tributaria, en donde el que menos tiene paga más impuestos.

A criterio de Marlon Ochoa, Ministro Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), las leyes de exoneraciones y reformas al Código Tributario sentaron las bases de la inmunidad tributaria, a favor de ciertos actores económicos, que existe hoy en día en Honduras. En otras palabras, dentro los regímenes de exoneración existen disposiciones que legalizan el abuso y la corrupción. Esto ha sido posible porque ha existido un consenso entre algunos grupos poderosos del sector privado y las pasadas administraciones, quienes diseñaron tales medidas para beneficiar a un grupo reducido de empresas.

Una de las principales medidas fue la aprobación en el Código Tributario del principio de renta territorial, contrario al principio de renta mundial utilizado por la mayoría de los países del mundo. Con la promulgación del decreto 170-2016, el cual establece el Código Tributario, se instauró el principio de renta territorial en el país, circunscribiendo el pago de los impuestos a los habitantes por las rentas producidas el territorio nacional, lo que facilitó la fuga de capitales y evasión fiscal.

El Ministro Director Ochoa citó el caso de un grupo económico familiar, ligado al sector de la energía y otros rubros, el cual en 2021 reportaron ingresos de 694 millones de Lempiras, de los cuales apenas 64 millones los recibieron por renta generada dentro de Honduras, mientras el resto lo simularon como renta obtenida en el extranjero. Sin embargo, las empresas en el exterior identificadas a este grupo se encuentran en Islas Vírgenes Británicas. “Son empresas de maletín. Las utilidades generadas dentro del país se mandaron a esta empresa en Islas Vírgenes Británicas y esta empresa depositó las utilidades de regreso en las cuentas bancarias de los dueños” puntualizó Ochoa. Esto tuvo como resultado que este grupo económico evadiera 157 millones de Lempiras por concepto de impuestos.

Por su parte, la aprobación del decreto 8-2020 trajo consigo mayores beneficios a las empresas amparadas en el régimen Zonas Libres (ZOLI) ya que se les permitió vender su producción en el mercado nacional, ampliación de la duración de sus exoneraciones, establecer limitaciones para que la autoridad tributaria pudiera cancelar exoneraciones, entre otras. Así, se facilitó un mecanismo de corrupción ya que: “Se legalizó que, en un régimen como ZOLI, el Estado de Honduras a pesar de encontrar abusos, empresas vinculadas a actividades de narcotráfico o que había usado su exoneración para otros fines no pudiera cancelar esta exoneración por la vía de una auditoría” manifestó el Ministro Director Ochoa. También dicho consenso permitió que los regímenes fiscales fueran desnaturalizándose, permitiendo situaciones como que empresas rentadoras de vehículos de lujo y avionetas estuvieran exoneradas bajo el esquema de la Ley de Fomento al Turismo.

A criterio del Ministro Ochoa, existen estas medidas promovieron que regímenes de exoneración sirvieran para fomentar la corrupción y el abuso. Otro caso lo expuso en el régimen de Zonas Libres Turísticas de Islas de la Bahía (ZOLITUR) en el cual se ha encontrado empresas dedicadas a la comercialización de combustibles que utilizan documentos falsos en la importación de combustibles, evadiendo indicar el verdadero destino del combustible, facilitando el tráfico de éste.

Como parte de la estrategia de combate a la corrupción público-privada por parte de la Presidenta Xiomara Castro, el martes 25 de abril, con la aprobación del Consejo de Ministros se remitió la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional (CN). Dicha Ley preserva los derechos de las empresas exoneradas, pero impide que nuevas empresas se adhiera a regímenes de exoneración abusivos, y deroga las disposiciones legales que han fomentado el abuso y la corrupción por parte de un reducido grupo de empresas, amparándose en los regímenes fiscales.. La Ley de Justicia Tributaria propone la creación de dos nuevos regímenes de exoneración, el Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) y el de Zonas Francas, los cuales permitirán volver más eficientes y transparentes el otorgamiento de las exoneraciones. Al mismo tiempo, la normativa propone eliminar el secreto bancario para fines tributarios, para así combatir la evasión fiscal. Además, se propone la ratificación, por parte del Congreso Nacional, de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), permitiendo que el Estado de Honduras pueda acceder e intercambiar información bancaria y tributaria con países del mundo para controlar la evasión fiscal.

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