NOTA DE PRENSA RRPP 047-2023
Jueves 28 de septiembre, 2023
Ministra de Finanzas defiende proyecto de Ley de Justicia Tributaria ante el COHEP
Para dialogar sobre temas como generación empleo, inversión pública y privada, exoneraciones y el contenido de la Ley de Justicia Tributaria, directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, desarrollaron una importante reunión el pasado 26 de septiembre. En este evento, que contó también con la participación del Ministro de Inversiones, Miguel Medina, y otros directivos empresariales, se abordaron un total de 9 temáticas en las cuales Moncada expuso la visión y apuesta del Gobierno de la República de Honduras en cada uno de estos temas, exponiendo los avances y logros por parte de la administración pública.
La situación de deterioro de la institucionalidad, el endeudamiento del Estado y paralización de la inversión pública en áreas estratégicas en los últimos 12 años tuvo como resultado que el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro heredara una enorme deuda pública, instituciones debilitadas y una economía en crisis. Sin embargo, el Estado de Honduras ha continuado cumpliendo responsablemente sus compromisos con los acreedores y, a su vez, implementado medidas económicas para retomar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Así, en los primeros 20 meses del nuevo Gobierno, se ha destacado el énfasis en dinamizar el aparato productivo del país, así como inversiones dirigidas en mejorar la calidad de vida de la población, destacando que "la inversión pública que está haciendo el Gobierno en los distintos sectores como el sector de carreteras, hospitales y energía. Y también las inversiones en beneficio de la gente directamente como el subsidio de la energía y el combustible", expresó la Ministra Moncada.
La apuesta del Gobierno está en sintonía con promover una serie de reformas estructurales, no solamente en el ámbito económico sino también en los aspectos sociales y políticos, en el marco del proceso de refundación propuesto en Plan de Gobierno Bicentenario presentado por la Presidenta Castro. Tales transformaciones requieren cambios modifiquen las estructuras de poder económicas y políticas que fueron creadas por la narcodictadura y que resulta importante desmontar para democratizar el país.
Durante su comparecencia con los medios de comunicación, la Ministra Moncada señaló que durante la narcodictadura “se aprobaron 40 decretos de exoneraciones y 14 decretos de impuestos contra el pueblo hondureño. Es importante revisar esos 54 decretos”. En este contexto, se destacó el interés del sector privado en conocer la propuesta integral del Gobierno para impulsar las reformas estructurales que requiere el país.
Durante el diálogo entre el Gobierno y el sector privado, la Ministra Moncada expuso una de las reformas más ambiciosas propuestas desde el Poder Ejecutivo, la cual es la Ley de Justicia Tributaria, presentándola como un instrumento fundamental para impulsar la transformación económica y la justicia social del país. Precisamente, una herencia de la narcodictadura fue todo un sistema fiscal orientado en promover las exoneraciones fiscales sin control, otorgando privilegios por miles de millones de Lempiras a un pequeño grupo de empresas. Por eso, el gobierno plantea con dicha ley derogar las exoneraciones, manteniendo los privilegios y derechos que ya han obtenido las empresas exoneradas, para establecer un nuevo marco de incentivos fiscales que acorde con la realidad económica y social del país, enfatizando el apoyo hacia las inversiones productivas. Aun así, a pesar de la campaña de desinformación “La Ley de Justicia Tributaria resulta incluso débil frente a la catástrofe económica que se hizo en este país con la aprobación de todos estos proyectos” destacó la Ministra Moncada. Frente a esta realidad, se enfatizó que el Gobierno no se ha quedado sin tomar acción. Por el contrario, a 20 meses de la administración de la Presidenta Castro, se han implementado políticas orientadas a establecer los cambios estructurales dirigidos a dar respuesta a las demandas de la población por justicia económica y social.
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