NOTA DE PRENSA RRPP 023-2023

Viernes 05 de mayo, 2023

SAR presenta Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional 

El pasado 3 de mayo, ante la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional (CN), las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) hicieron una amplia exposición del contenido y alcances de la Ley de Justicia Tributaria.

Durante la exposición se resaltaron los principales componentes de la normativa, un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema tributario nacional y la opacidad en el funcionamiento de los regímenes de exoneración en el país. Además, se argumentó sobre la importancia de reestablecer el principio de renta mundial en el Código Tributario y establecer una Ley de Beneficiario Final en el país. También, se expuso sobre la importancia de ratificar, por parte del Congreso Nacional, la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), permitiendo que el Estado de Honduras pueda acceder e intercambiar información bancaria y tributaria con más de 146 países del mundo.

Marlon Ochoa, Ministro Director del SAR, declaró que la visita al CN obedece a los esfuerzos por fortalecer la socialización de la Ley de Justicia Tributaria con diferentes sectores sociales, políticos y económicos. “Le hemos hecho un llamado a la Comisión de Dictamen y al Congreso Nacional, para que, en conjunto con el Poder Ejecutivo, combatamos la corrupción que durante décadas y, particularmente, en estos últimos 13 años a través de la aprobación de más de 40 decretos legalizó la evasión fiscal”, argumentó Ochoa. El impacto de la corrupción público-privada durante los gobiernos nacionalistas ha tenido un significativo costo para las finanzas públicas y la inversión social en Honduras, ya que Ochoa señaló que: “estos 40 decretos le costaron al pueblo hondureño, 568 mil millones de Lempiras en 13 años, con lo que se habrían podido construir 132 mil escuelas nuevas”.

En conferencia de prensa, Ochoa manifestó que la socialización de la Ley representa una “oportunidad histórica” para implementar un nuevo sistema tributario, ya que éste se ha caracterizado por cargar con más impuestos a la población más pobre del país. Para el Ministro Director la corrupción público-privada en materia tributaria ha existido por permisividad en las legislaturas de los gobiernos nacionalistas, destacando que: “hemos expuesto cómo en sede legislativa se otorgaron beneficios, privilegios y la posibilidad de no pagar impuestos. Y eso fue legalizado. A eso le han llamado Estado de Derecho y seguridad jurídica en este país” según declaraciones de Ochoa. Finalmente, Ochoa exhortó a la Comisión de Dictamen y a los diputados a apoyar la Ley de Justicia Tributaria como parte de los esfuerzos impulsados por la Presidenta Xiomara Castro por combatir la corrupción en el país.

Por su parte, para el Presidente de la Comisión de Dictamen, diputado Hugo Noé Pino (LIBRE), la socialización de la Ley de Justicia Tributaria con los actores sociales, económicos y sociedad civil es una muestra de la predisposición por parte del CN por abrir un debate informativo en la opinión pública nacional, alejándose de las tergiversaciones realizadas contra la ley. Para Noé Pino la dificultad en el manejo y revisión de los regímenes de exoneraciones es que “estos abusos se incorporaron en el diseño de las leyes, legalizando la corrupción”. Por lo tanto, resulta necesaria establecer una normativa que ordene el otorgamiento de los beneficios fiscales. Ante la campaña de desinformación sobre aspectos como el secreto bancario, Noé Pino aclaró que la ley lo que único que hace es “darle a la autoridad tributaria, como sucede en diferentes partes del mundo, el acceso a la información del sistema financiero que le permite para hacer su trabajo como autoridad, usando estándares internacionales”, puntualizó.

La diputada Ligia Ramos (Partido Salvador de Honduras), que forma parte de la Comisión de Dictamen, manifestó que la exposición por parte de las autoridades del SAR mostró que la Ley está orientada a combatir la corrupción y la evasión fiscal. Ramos expresó que la ley presentada y los argumentos expuestos: “dan un espacio para el dialogo y consenso con la empresa privada. Y lo podemos hacer a la luz pública para que la población hondureña le dé un seguimiento a la discusión en el Congreso Nacional” expresó. Por su parte, el diputado Jorge Zelaya (Partido Nacional), quien también forma parte de esta Comisión, manifestó que la discusión de la normativa “requiere del compromiso de todos. No podemos estar haciendo oposición de forma antojadiza o de forma sectaria. Si la presidenta saca adelanta a Honduras, sintámonos contentos porque vamos a salir bien todos”.

El Congreso Nacional ha hecho público el calendario de audiencias públicas que se sostendrán entre el 8 y el 19 de mayo del presente año, donde se evidencia que la convocatoria ha sido amplia; incluyendo organizaciones de sociedad civil, académicas y diversos sectores de la empresa privada.

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