Esta colaboración lleva a las administraciones socias a adoptar un enfoque basado en el aprendizaje práctico que permite aprovechar la experiencia de la administración socia trabajando en casos complejos de morosidad fiscal, ofrecer a los investigadores la posibilidad de adquirir habilidades esenciales y, finalmente, iniciar reformas legales para llenar los vacíos de capacidad.

El programa IFSF-CI en Honduras, que cuenta con el apoyo de México, ilustra este enfoque. En la primera fase del programa, los funcionarios hondureños llevaron a cabo un intenso proceso de análisis de deficiencias aplicando el Modelo de madurez de la investigación de delitos fiscales de la OCDE y la orientación de los expertos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de México.

Tras el análisis sistémico, en otoño de 2021 se elaboró un plan de trabajo para abordar los problemas de investigación de delitos fiscales más acuciantes en Honduras.

Durante la segunda fase del programa, expertos mexicanos revisaron los procedimientos de investigación de honduras, basándose en reformas recientes en México para brindar asesoramiento. Actualmente, expertos mexicanos están apoyando las investigaciones brindando asistencia en la vida real.

En esta segunda fase del programa, los expertos mexicanos revisaron los procedimientos de investigación de Honduras y se basaron, para ofrecer asesoramiento, en las recientes reformas de las políticas de México.

La colaboración entre los dos países en los casos ha puesto de relieve un gran desafío en Honduras: el intercambio de información entre las agencias que trabajan en delitos fiscales, como lo destaca en la segunda edición del informe de la OCDE titulado Tackling Tax Crime: The Ten Global Principles, "los intercambios de información tienen el potencial de reducir la duplicación entre agencias, reduciendo así el tiempo y el costo de las investigaciones, haciendo que los enjuiciamientos sean más rápidos y exitosos, y aumentando la probabilidad de recuperar el producto del delito".

Además de asesorar sobre cómo las autoridades fiscales pueden obtener información bajo la ley hondureña vigente, los expertos de TIWB, han colaborado en identificar mecanismos útiles para mejorar el acceso a la información con fines de investigación, en estricto cumplimiento de los estándares de confidencialidad establecidos por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales.

Además, el programa TIWB-CI reúne a miembros de la Procuraduría General de México y la oficina Fiscal de Honduras con el objetivo de promover un enfoque de gobierno integrado para la investigación de la delincuencia tributaria

El Grupo de Trabajo sobre Delitos Fiscales y otros delitos creados dentro de la OCDE también es consciente del rol protagónico que juegan los países de América Latina en su Grupo Asesor para el Desarrollo de Capacidades.

Este último está presidido por representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (Administración Federal de Ingresos Públicos) y tiene como objetivo apoyar las iniciativas de desarrollo de capacidades del Grupo de Acción, que se reúne dos veces al año y administra los Centros de la Academia de Investigación de Delitos Fiscales de la OCDE, incluidos el Centro para América Latina con sede en Buenos Aires, Argentina.

Entre otras actividades, el Grupo Asesor planea alentar a las administraciones a abordar sus propias brechas de capacidad al referirse a las publicaciones y cursos del Grupo de Trabajo, incluida la segunda edición del informe Tackling Tax Crime: los Diez Principios Globales recientemente publicados y la capacitación en línea.

La lucha contra los flujos financieros ilícitos está lejos de terminar. La multitud de iniciativas llevadas a cabo en América Latina también ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar las reformas y mejorar las prácticas. Como se señaló anteriormente, uno de los problemas más apremiantes es la necesidad de compartir información, tanto a nivel nacional, entre las agencias que trabajan en el área de delitos fiscales, como a nivel internacional, con socios regionales.

Los ciudadanos esperan que los sistemas tributarios sean justos y que los actores que buscan socavar la equidad del sistema sean sancionados. Además, el delito fiscal tiene el efecto de drenar los recursos necesarios para el desarrollo sostenible y la movilización de los recursos nacionales. Seguir luchando por esta equidad debe ser una prioridad absoluta tanto para América Latina como para la comunidad internacional

Fuente: Coautoría Nilimesh Baruah, asesora principal sobre impuestos y delitos de la OCDE, y Natalie Burg, consultora, TIWB-CI Programs 9 de febrero de 2022