NOTA DE PRENSA RRPP 019-2023

Viernes 28 de abril, 2023

Christian Duarte, Subdirector del SAR: “Ampliemos la base tributaria. Sí, pero comencemos por los evasores más grandes” 

Como parte de la estrategia de combate a la corrupción público-privada por parte de la Presidenta Xiomara Castro, el martes 25 de abril, con la aprobación, por unanimidad, del Consejo de Ministros se remitió la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional (CN). Esta normativa plantea establecer un marco regulatorio para contener la corrupción público-priva y los abusos que se han cometido de manera sistemática en el sistema tributario nacional. Además, la ley fue una promesa de campaña, contenida en el Plan de Gobierno de la Presidenta Castro, con el propósito de implementar la justicia tributaria para reducir la desigualdad social.

En una participación en un foro televisivo Christian Duarte, ViceMinistro Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), señaló que la Ley de Justicia Tributaria responde a los reclamos históricos de diversos actores sociales que demandan la implementación de un sistema tributario más equitativo en el país, permitiendo establecer un nuevo pacto fiscal en el país. La historia de Honduras, como lo ha expresado Duarte, se ha caracterizado por grupos económicos que se han beneficiado de exoneraciones, limitando así la capacidad de recaudación tributario. El funcionario recordó que a inicios del siglo XX las compañías bananeras extranjeras recibieron aproximadamente 44 exoneraciones en un periodo no mayor a 50 años. Esa misma política de exoneraciones se ha visto después del Golpe de Estado de 2009 con la creación de más de 40 decretos que blanquearon, legalizaron y protegieron la corrupción público-privada.

Los privilegios fiscales creados durante los últimos 12 años han estado dirigidos a beneficiar a un pequeño grupo de empresas mediante regulaciones, amnistías, extensión en la duración de exoneraciones, creación de nuevos regímenes de exoneración. Al mismo tiempo, las administraciones nacionalistas implementaron medidas económicas para gravar a las poblaciones más desfavorecidas a través del incremento del Impuesto Sobre la Venta (ISV) del 12% al 15% y a los combustibles. En consecuencia, el régimen instaurado en los últimos años ha beneficiado a una serie de grupos económicos con poder de mercado en el país.

Ante las críticas por parte del sector privado al contenido de la normativa, el ViceMinistro Director aclaró que la ley: “no crea ningún tipo de impuesto”. “Lo que está proponiendo el COHEP es que se mantengan la lesividad, los privilegios y el abuso, porque los actuales regímenes fiscales tienen incorporada en la misma ley abusos, como empresas que tienen privilegios fiscales por más de 70 años”, aseveró el ViceMinistro Director Duarte.

Para revertir esta situación, la propuesta de Ley enviada al Congreso Nacional busca garantizar los principios básicos constitucionales en materia tributaria ya que: “La Constitución dice que el sistema tributario debe ser proporcional, progresivo y equitativo conforme a la capacidad económica. Eso es lo que busca la Ley de Justicia Tributaria. Ampliemos la base tributaria. Sí, pero que empiecen a pagar los más ricos quienes, por estos 12 años, se han beneficiado con más privilegios, abusos y los han naturalizado en las leyes”, expresó Duarte.

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