NOTA DE PRENSA RRPP 018-2023

Viernes 28 de abril, 2023

Hugo Noé Pino, Vicepresidente del Congreso Nacional: Ley de Justicia Tributaria “no implica ninguna pérdida de trabajo, ni exportación de empresas” 

En Honduras, la política de promoción de incentivos fiscales sin control ha mostrado que no es una herramienta para garantizar el desarrollo equitativo y sostenible. Al contrario, ha facilitado el esquema de corrupción público-privada que se ha instaurado en el sistema tributario nacional en los últimos 12 años. Además, no ha podido garantizar la atracción de inversiones tal y como se había prometido en pasadas administraciones. Desde el Golpe de Estado, se ampliaron las exoneraciones y el país pasó de atraer el 14.5% de la Inversión Extranjera Directa (IED) de la región al 9.1% de 2008 a 2019, evidenciando el fracaso de este tipo de políticas.

Ante esta situación, el actual sistema tributario nacional requiere reformas profundas encaminadas hacia la transparencia fiscal que permitan ubicar a Honduras dentro de los estándares internacionales en el combate a la corrupción a criterio de Hugo Noé Pino, Vicepresidente del Congreso Nacional. La Ley de Justicia Tributaria, de acuerdo con el Vicepresidente en su participación en un foro televisivo, se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro por hacer más transparente y equitativo dicho sistema. La normativa plantea establecer un ordenamiento al excesivo otorgamiento de amnistías, condonaciones, privilegios fiscales y regularizaciones que han existido en el país como parte de la corrupción público-privada que ha funcionado en el sistema tributario nacional.

Ante las críticas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) al proyecto de ley, Pino manifestó que, de acuerdo con su experiencia como economista y funcionario del sector público por varios años, esta normativa no contiene ningún impacto directo en la pérdida de puestos de trabajo ni tampoco en promover la exportación o cierre de empresas. “Estos calificativos de que Honduras se está hundiendo, me parecen totalmente fuera de lugar a la realidad de lo que está proponiendo la Ley de Justicia Tributaria”, afirmó el Vicepresidente. Además, argumentó que es necesario esta normativa como resultado de que los incentivos tributarios realmente se han convertido en unos privilegios para unos pocos. “El problema es que el diseño de estas leyes son las que conducen a esos abusos”, aseveró el funcionario.

A juicio de Noé Pino, el sector privado debió esperar a que llegara la versión del anteproyecto al Congreso Nacional antes de emitir una evaluación del contenido de la normativa. Esto obedece a que, en primer lugar, las autoridades del Servicio de Administración de Rentas han incorporado modificaciones al proyecto de Ley considerando observaciones y comentarios realizados por el sector privado y otros actores. En segundo lugar, ha existido una campaña de desinformación sobre el contenido de la Ley de Justicia, ya que es falso que se eliminarán las exoneraciones. La ley garantiza que las empresas sigan gozando de sus beneficios fiscales en los regímenes que plante derogar. Además, en la propuesta de ley enviada al Congreso Nacional, en los nuevos regímenes de exoneración de Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) y el de Zonas Francas, se amplían los beneficios de 5 a 10 años, producto de la socialización de la ley.

Para Christian Duarte, ViceMinistro Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la reacción del sector privado obedece a que socialización ha sido amplia, y no solamente ha respondido a los intereses de ciertos grupos económicos. “Históricamente los sectores empresariales se han acostumbrado a aprobar leyes y reformarlas a sus propios intereses”, puntualizó el ViceMinistro Duarte. Por su parte, ha asegurado que los nuevos regímenes RINDE y Zonas Francas garantizarán la competencia equitativa y justa entre los sectores empresariales, ya que las exoneraciones serán medidas y evaluadas a partir del empleo y las inversiones que generan. Por lo tanto, la Ley de Justicia Tributaria garantiza el fomento de empleo de calidad y condiciones dignas de trabajo para la población.

Como parte de la estrategia de combate a la corrupción público-privada por parte de la Presidenta Xiomara Castro, el martes 25 de abril, con la aprobación del Consejo de Ministros se remitió la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional (CN).

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