A diferencia de otras entidades del Estado, el SAR es una institución desconcentrada y adscrita a la Presidencia, por lo que cuenta con autonomía funcional y técnica. Debido a esto, se rige por un reglamento interno que establece las obligaciones y los derechos de su personal. Por ello, se aspira a tener una normativa más progresista, brindando beneficios no contemplados en el Código del Trabajo. De esta forma, los servidores públicos que trabajan en el ente tendrán un balance entre sus vidas laborales y vidas personales.  

Las nuevas garantías laborales demuestran el compromiso orientado a la protección de los derechos y la promoción de la equidad de género dentro de la institución. Entre las reformas implementadas se destacan la licencia por menstruación o menopausia, por violencia sexual, doméstica o intrafamiliar, de paternidad, licencia por adopción, extensión de la licencia de maternidad y pausas diarias de 20 minutos para la extracción de leche materna, entre otras. Estas garantías van en consonancia con el Plan Estratégico Institucional del SAR, que aborda ejes transversales en la búsqueda de un ambiente laboral más justo. 

El beneficio de licencia por menstruación y menopausia se menciona en el numeral 7 del artículo 50 del Régimen. Este puede solicitarse un día hábil al mes, y como requisito requiere acreditación o documentación médica. Cabe señalar que la OMS considera que la salud menstrual como un tema de derechos humanos, alentando a la sociedad a tomar medidas laborales específicas para eliminar los estigmas y brindar las condiciones adecuadas a las trabajadoras que presentan síntomas que no son compatibles con una jornada laboral normal. 

Julissa Ramos, colaboradora de la Oficina Nacional del SAR comenta que «tener acceso a una licencia por menstruación o menopausia resguardan el derecho a estar en un ambiente laboral equitativo y humano, permitiendo espacios que reconozcan la importancia de cuidar de la salud de las trabajadoras del SAR. Así mismo, considero que, al estar plasmadas estas reformas laborales, garantizan una visión verdadera de igualdad, compañerismo y empatía».  

El SAR también ofrece la licencia por paternidad de 5 días para todos los trabajadores, pero además ofrece la posibilidad de extender 10 días hábiles en total si el empleado convive con la madre del recién nacido y aprueba con una calificación mayor al 90% los programas de formación sobre paternidad responsable. Según datos recopilados por la OIT, Honduras es uno de los 70 países que no cuenta con la figura de licencia por paternidad en su legislación. Al ofrecer este beneficio, el SAR se posiciona como institución pionera, a nivel público, en derechos laborales. 

Wilman Ponce, colaborador del SAR que gozó del beneficio de la licencia de paternidad, expresó que «fue una experiencia muy gratificante. Poder acompañar a mi esposa y compartir a tiempo completo con mi hijo durante sus primeros días de vida es algo invaluable. También se fortalece el vínculo familiar, ya que permite involucrarse desde un inicio en el cuidado del bebé, ayuda de gran manera a que nuestra pareja se sienta respaldada». 

Por otro lado, Jonatan Ríos comenta que la licencia por paternidad ha sido como un regalo, puesto que pudo estar presente desde el primer momento con su primogénita. En palabras de Ríos, «cada día con mi hija valió la pena, pude disfrutar momentos únicos; verla dormir, cambiarla, calmarla cuando lloraba. Cosas que parecen pequeñas, pero que significan muchísimo. También entendí lo necesario que es estar presente en esos primeros días, porque la mamá está recuperándose del parto y necesita mucho apoyo». Ríos agregó que, gracias al programa de paternidad responsable que aprobó para poder solicitar su licencia, le ayudó a comprender que el rol de papá no es solamente ayudar, sino estar presente para compartir, acompañar y aprender. 

Sumada a la licencia de paternidad, el SAR también ofrece una ampliación de la licencia de maternidad. El IHSS y el Código del Trabajo otorgan una incapacidad de 12 semanas, y esta institución brinda dos semanas más. Cabe señalar que las normas de la Organización Internacional del Trabajo indican que el período de este permiso debe oscilar entre las 14 y 18 semanas para garantizar un período idóneo de descanso y recuperación. Con este beneficio, el SAR se posiciona como la única institución gubernamental que alcanza los estándares internacionales. 

Jenmy Raudales, del departamento de Recepción y Notificación, comentó que las dos semanas complementarias en la licencia de maternidad representan un gran beneficio para todas las colaboradoras y sus familias, además le permitió recuperarse física y emocionalmente antes de regresar a su rutina diaria en el trabajo. «Contar con 2 semanas más en mi licencia fue una experiencia muy valiosa e importante que me permitió prepararme mejor antes del parto y disfrutar más tiempo con mi bebé en sus primeras semanas de vida. Agradezco esta oportunidad y el compromiso de la institución con el bienestar de las madres trabajadoras», aseguró Raudales, quien califica esta medida como un avance en equidad de género y una garantía de seguridad laboral. 

Aunado a este beneficio, las colaboradoras del SAR también cuentan con dos pausas alternas de 20 minutos durante su jornada de trabajo para la extracción de leche materna. Cabe señalar que estas pausas no se consideran como período de lactancia, derecho con el que también se goza en la institución. 

Para Rosalba Hernández, del departamento de Recepción y Notificación, este beneficio es una gran ayuda porque le permite tomarse un momento durante la jornada laboral para poder hacer su extracción sin prisas. «Ya con ese permiso, puede tomarse el tiempo sin que el jefe o los compañeros la estén buscando. Estando relajada es más fácil hacer la extracción». 

Es importante mencionar que las empleadas del SAR cuentan con salas de lactancia amuebladas para su comodidad y privacidad en las oficinas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Estas oficinas también cuentan con guarderías habilitadas para los hijos e hijas de los padres y madres que laboran en esta institución. 

Con la modernización y transformación del SAR, y bajo el liderazgo del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se reafirma el compromiso de garantizar condiciones laborales dignas, reconocer el valor del trabajo y traducir los derechos en hechos concretos para quienes contribuyen cada día al desarrollo del país.  

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) inaugura las Áreas Infantiles en sus oficinas de atención a nivel nacional para que las niñas y los niños dispongan de un espacio seguro y adecuado, mientras sus familiares realizan gestiones tributarias. 

Un diagnóstico realizado por el SAR identificó, la presencia diaria de más de cien niñas y niños que acompañan a sus familiares contribuyentes a las oficinas del país, lo que equivale a más de 28,000 al año. Las cifras son especialmente significativas en departamentos como Santa Bárbara, Comayagua, Juticalpa y Ocotepeque. 

“Esta apertura reconoce que la niñez es parte de la diversidad de la población que llega a las oficinas del SAR y responde a la necesidad de adaptar los espacios de espera, para que cuenten con un lugar de juego y recreación”, expresó el director nacional de Cumplimiento Tributario, Jony Jiménez. 

Este esfuerzo tiene como propósito visibilizar la carga desigual de cuidados que enfrentan principalmente las mujeres y avanzar en la construcción de una institución más humana, cercana al pueblo y solidaria. 

“Las áreas infantiles son una acción concreta que dignifica la atención a las personas contribuyentes y reconoce el papel fundamental de las mujeres en la vida económica de Honduras”, destacó la jefa del Departamento de Género, Neesa Medina. 

La implementación de estas Áreas Infantiles fue una gestión impulsada por el Departamento de Género en coordinación con la Dirección Nacional de Cumplimiento Tributario como respuesta a los compromisos asumidos en el Plan Estratégico Institucional 2023-2026, que prioriza la equidad de género y la inclusión, fortaleciendo la moral tributaria al dignificar la experiencia de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. 

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de septiembre de 2025. – La visita oficial de Zayda Manatta, jefa del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, dejó un mensaje importante para Honduras: el país corre el riesgo de ser considerado un paraíso fiscal si no avanza con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria (LJT) y por no aplicar plenamente los estándares de transparencia fiscal exigidos por la comunidad internacional.

Durante su visita, Zayda Manatta enfatizó la necesidad de mayor transparencia fiscal en el país y expresó la importancia de que la Administración Tributaria tenga acceso a información bancaria y de beneficiario final para temas de control fiscal y lucha contra la evasión, recalcó que “es parte de los estándares”. Asimismo, mencionó: “no se puede más tener acciones al portador por ser prácticas consideradas obsoletas que favorecen la evasión fiscal y que ya han sido eliminadas en la mayoría de las naciones”.

Manatta sostuvo encuentros técnicos con diferentes sectores de la sociedad hondureña, y en todos los espacios reiteró que acceder a información no significa que pasará a ser “pública”, sino que serviría exclusivamente para control fiscal y bajo altos estándares de confidencialidad evaluados por Foro Global.

Durante su estadía, la experta advirtió que, de no implementar reformas urgentes, Honduras podría enfrentar aislamiento financiero y un severo daño reputacional por incumplimiento de los compromisos internacionales. También señaló que esta situación encarecería el acceso a financiamiento para el Estado y las empresas, limitaría los créditos de organismos multilaterales y reduciría la inversión extranjera directa. Al respecto, afirmó: “Honduras no puede quedarse aislado, tiene que participar de estos procesos de transparencia fiscal… mejoraría su reputación y generaría más inversiones”.

En la última evaluación del Foro Global a Honduras, se reiteraron estas recomendaciones, las cuales son coherentes con lo establecido en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, incluyendo la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria (MAAC).

Actualmente, 172 jurisdicciones en el mundo ya aplican estos estándares, y según las estimaciones compartidas, el impacto de no aplicar estas medidas en Honduras se traduce en pérdidas anuales de más de 10,000 millones de lempiras.

El Gobierno de la República, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, reiteró el llamado urgente al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria y así cumplir con los compromisos internacionales, recuperar los recursos que hoy se pierden en evasión y garantizar la estabilidad económica de Honduras.

Se destacó que la bandera de Honduras fue creada en el Gobierno de José María Medina, a través del Decreto Legislativo n.°7, el 16 de febrero de 1866. Inspirada en la enseña azul-blanco-azul de la antigua Federación Centroamericana, y que sus cinco estrellas simbolizan la pertenencia histórica del país a esa federación y al ideal de unidad regional, un proyecto político que inspiró a Francisco Morazán y que sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo hondureño.  

En el acto solemne de inauguración del mes patrio, la presidenta Xiomara Castro expresó importantes logros de la actual administración y la importancia del trabajo por el rescate de la soberanía nacional: 

“Nosotros hemos dado pasos firmes para rescatar nuestra patria: derogamos la ley de la ZEDE que pretendía vender nuestro territorio al mejor postor, eliminamos los fideicomisos corruptos que habían privatizado los ingresos del Estado, recuperamos la caja única del tesoro y con ella financiamos la mayor parte de los programas de infraestructura social. En la historia de nuestro país, con la operación Solución contra el crimen logramos reducir la tasa de homicidios de cuarenta y uno a veintiséis por cada cien mil habitantes, el nivel más bajo desde que la violencia se disparó tras el golpe de Estado. Este logro devuelve la esperanza, honra la memoria de quienes cayeron en la resistencia y demuestra que Honduras no está condenada a la violencia”. 

La mandataria recordó, además, que, desde el inicio de su Gobierno, se emprendió una lucha frontal contra la corrupción, el crimen organizado y la narcodictadura que capturó al Estado, al tiempo que se avanzó en la recuperación de la economía, la reducción histórica de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones de defensa y seguridad. Finalmente, la presidenta Castro reafirmó el compromiso de su Gobierno con la refundación nacional:  

“Nuestra bandera encarna la nacionalidad, la independencia y el ideal de unión centroamericana que defendió Francisco Morazán. Hoy levantamos la voz y la bandera para proclamar: prohibido olvidar que somos resistencia”. 

Al conmemorar este 1 de septiembre, el Estado reafirma que no se trata de cambiar la bandera, sino de alzarla como testimonio de las luchas y sacrificios del pueblo, evocando que la nación jamás ha claudicado, ni ante la opresión, ni ante la injusticia, hemos de honrar y cumplir lo que la ley ordena desde 1949, garantizando coherencia entre el marco jurídico, preservando la memoria histórica y fortaleciendo la defensa permanente por la soberanía. 

Tegucigalpa, 11 de julio de 2025. La recaudación tributaria alcanzó L53,160.6 millones al cierre del primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de L4,310.3 millones en comparación con el mismo período de 2024, que significa un crecimiento nominal del 8.8 % y un crecimiento real del 4 %, sin imponer nuevas cargas tributarias al pueblo hondureño.

El impuesto Sobre la Renta (ISR) aportó L29,221.1 millones durante los primeros seis meses del año, posicionándose como el principal generador de ingresos tributarios. Esta cifra representa un incremento de L2,761.5 millones, equivalente a un crecimiento nominal de 10.4 % y un incremento real de 5.5 % respecto al mismo período de 2024.

En el mes de junio se recaudó L8,658.8 millones en ISR, que representa una variación nominal del 18% y real del 13% con respecto al año anterior. Dentro del mismo tributo, destaca el rendimiento de los Pagos a Cuenta (PACTA), los cuales sumaron L6,768.8 millones, que representa un aumento nominal de 21.2 % con respecto al primer semestre de 2024.   

El Impuesto Sobre Ventas (ISV) generó un acumulado de L18,378.1 millones, lo que significa un aumento de L1,296.56 millones con relación al mismo período del año anterior. Este desempeño representa un crecimiento nominal del 7.6 % y un incremento real del 2.8 %.

Por su parte, el resto de los tributos mantuvo un comportamiento estable, con una recaudación conjunta de L5,561.4 millones, que representa un incremento de L252.25 millones, equivalente a un crecimiento nominal del 4.8 % y un crecimiento real del 0.1 %.

Este resultado ha sido posible gracias al repunte de la actividad económica, mayor rentabilidad de los sectores productivos, el buen comportamiento de los contribuyentes y al fortalecimiento de las acciones de control tributario implementadas por la administración tributaria, todas ellas enmarcadas en la ley. Esta combinación fortalece el rumbo de la política tributaria que lidera la actual administración, con el respaldo técnico y operativo del equipo profesional del SAR.

Sin embargo, desde la institución se enfatiza que aún persiste un sector que se niega a pagar impuestos. Por ello, se reitera el llamado al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que busca garantizar mayor equidad fiscal y asegurar que quien más gana, más pague.

El crecimiento registrado durante este primer semestre reafirma el compromiso de la administración tributaria con la modernización institucional, la facilitación del cumplimiento voluntario y la construcción de un sistema fiscal cada vez más justo, eficiente y transparente, al servicio de los programas sociales y de inversión pública que impulsa el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“El sistema tributario hondureño cobra más a un pobre que a un rico. Mientras una persona de bajos ingresos puede pagar hasta el 50 % de sus ingresos en impuestos, hay grandes grupos empresariales que aportan solo el 0.03 %. Eso debería causar vergüenza”, expresó el funcionario, al tiempo que destacó que algunas empresas no han tributado desde 1980. 

El ministro explicó que la ley de Justicia Tributaria no incorpora nuevos tributos, ni incrementa tarifas existentes, sino que elimina privilegios fiscales, que no generan beneficios sociales. Según Duarte, esta reforma permitirá recuperar recursos para mejorar los servicios de salud, educación, infraestructura y otros proyectos de inversión pública. 

Además, contrastó los esfuerzos actuales con las prácticas de gobiernos anteriores, señalando que en los últimos doce años se crearon 16 nuevos impuestos y se aprobaron 40 decretos de exoneración sin resultados visibles para la población. “Mientras antes se invertían L.25 mil millones anuales, este gobierno proyecta una inversión de L.97 mil millones en 2025, y ha acumulado más de L.304 mil millones en cuatro años de gestión, una cifra superior a la de los últimos doce años combinados”, puntualizó. 

Asimismo, criticó que muchos privilegios fiscales fueron aprobados de manera exprés y sin consulta, recordando casos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), alianzas público-privadas lesivas y fideicomisos sin transparencia. En contraste, destacó que la Ley de Justicia Tributaria ha sido ampliamente socializada en más de 140 jornadas con distintos sectores sociales y económicos del país. 

“A los diputados de la oposición debería darles vergüenza legislar para los ricos y en contra de los intereses del pueblo hondureño. Esta ley nace del pueblo, no de las cúpulas. Devuelve transparencia al presupuesto. Control democrático y la justicia económica que tanto se nos ha negado”, finalizó Duarte. 

Con esta iniciativa, el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ratifica su compromiso con la construcción de un sistema tributario más justo y eficiente. La Ley de Justicia Tributaria no solo busca eliminar distorsiones históricas, sino establecer reglas claras y equitativas que fortalezcan las finanzas públicas, impulsen la inversión social y garanticen condiciones de dignidad para toda la población hondureña.